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NOVEDADES

“Un derrame que es una mancha en nuestra política ambiental”



Lo afirmó el Dr. Jorge A. Ragaglia, docente de Derecho Ambiental y Régimen Jurídico de los Recursos Naturales de la UFLO, sobre el último derrame de la Barrick Gold en la mina Veladero, en San Juan.

La protección de nuestro ambiente y recursos naturales no es sólo una cuestión de legislar más, sino un esfuerzo permanente y cotidiano para velar por el cumplimiento y la aplicación de las leyes existentes. El nuevo evento ocurrido a fines de marzo en la mina Veladero, en San Juan, es una clara prueba de ello.

Esta vez, como en anteriores ocasiones, se trató de un derrame de solución enriquecida producido por el desacople de una cañería, al menos de acuerdo a la información suministrada oportunamente por la empresa Barrick Gold.

El problema se presenta porque en todos los casos las "soluciones enriquecidas" contienen metales pesados de alta toxicidad. El riesgo de daño ambiental podríamos afirmar que es en estas condiciones muy elevado.

Esto, que ya es grave en sí mismo, lo es aún más porque existen precedentes: ya ha habido otros dos grandes derrames de líquido tóxico (conteniendo cianuro entre otros metales pesados) en este mismo yacimiento, entre los que se cuenta el mayor desastre minero en la historia argentina, cuando en 2015 unos dos millones de litros de esta solución se volcaron al río Potrerillos.

Una de las explotaciones mineras a cielo abierto más grandes del país es también uno de los focos de conflictividad ambiental más grandes del país. Este tipo de emprendimientos han sido históricamente resistidos por las comunidades locales, precisamente porque son testigos privilegiados del daño ambiental y en la salud que provocan, pero llamativamente siempre contaron con el beneplácito de los gobiernos provinciales. Este contraste no debe extrañarnos, pues las autoridades tradicionalmente han privilegiado las inversiones por sobre la protección ambiental y la preservación de los recursos naturales.

Sin embargo, y mal que les pese a las autoridades, la legislación ambiental vigente en nuestro país dice otra cosa: nuestra Constitución Nacional en su artículo 41 consagra el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado, y el correlativo deber de las autoridades de proveer a este derecho.

Y aún hay más: el propio Código de Minería ha sido reformado en 1995, contando a partir de entonces con un capítulo dedicado a la protección ambiental en la actividad minera. Transcribimos a continuación su artículo 264, referido a las infracciones y sanciones (el subrayado es nuestro):

Art. 264. – El incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Sección, cuando no estén comprendidas dentro del ámbito de las responsabilidades penales, será sancionado con:

a) Apercibimiento.

b) Multas, las que serán establecidas por la Autoridad de Aplicación conforme las pautas dispuestas en el Artículo 243 del Código de Minería.

c) Suspensión del goce del Certificado de Calidad Ambiental de los productos.

d) Reparación de los daños ambientales.

e) Clausura temporal, la que será progresiva en los casos de reincidencia. En caso de TRES (3) infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento.

f) Inhabilitación.

Nos preguntamos si no estaba ya configurada aquí la situación descripta en el inciso e), pues resulta evidente que ya han ocurrido las tres infracciones graves requeridas para el cierre definitivo de un establecimiento.

Si la respuesta es afirmativa, que lo es, no se entiende ni se explica la pasividad, casi lindante con la negligencia, de las autoridades provinciales ante tamaña amenaza, ya concretada en daño ambiental.

El principio precautorio, establecido en la Declaración de Rio de 1992, y receptado por nuestra Ley General del Ambiente, afirma que cuando exista riesgo de daño ambiental grave o irreversible, la falta de información o certeza científica no deberá utilizarse como excusa para postergar la adopción de medidas eficaces para evitar la degradación del ambiente.

Está claro que este es uno de los principios más fundamentales y a la vez más ignorados de nuestra legislación.Tanto más grave es esto cuanto que en este caso ni siquiera existía el impedimento de la falta de información, todo lo contrario.

Es casi unánime la opinión de que en el país contamos en general con legislación suficiente para proteger adecuadamente nuestro ambiente y recursos naturales.

Sin embargo, el mayor déficit lo observamos en la poca o ninguna implementación efectiva –y en muchos casos total desconocimiento– de la normativa ambiental vigente por parte de las autoridades en todos los niveles de gobierno.

Hay también razones para el optimismo: en los últimos 3 años la temática ambiental mejoró en la percepción de la opinión pública, y esto es sin duda un motivo de satisfacción.

Pero en cambio, cuestiones específicas como la conflictividad minera, energías renovables o cambio climático continúan experimentando retrocesos.

La consecuencia directa de este estado de cosas es que los conflictos ambientales –cuyos focos se observan a lo largo de todo nuestro territorio–  deben ventilarse (con demasiada frecuencia) en sede judicial, siendo los tribunales quienes en última instancia fuerzan con sus sentencias el cumplimiento de la norma específica. 

Los poderes públicos transforman habitualmente en letra muerta las disposiciones legales ambientales, de modo que son las comunidades locales o los particulares quienes mediante amparos ejercen la presión necesaria para que los derechos que consagra la Constitución Nacional en su artículo 41 se vean resguardados y conserven su plena vigencia.

Y tal vez estas mismas comunidades e individuos sean, en definitiva, los promotores de un cambio de tendencia no solo deseable sino también imprescindible para que la institucionalidad ambiental experimente mejoras reales y duraderas en nuestro país.

* Artículo elaborado por el Dr. Jorge A. Ragaglia | Abogado

Docente de Derecho Ambiental y Régimen Jurídico de los Recursos Naturales- Universidad de Flores

Publicada el 07/04/2017